Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú el 28 de julio de 2026 para el periodo 2026-2031, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por un margen menor a 50 mil votos. La nueva mandataria recibió un país marcado por la inestabilidad política, la inseguridad, la informalidad económica y el deterioro de la confianza ciudadana.
Su llegada al poder representa el regreso del fujimorismo a la primera magistratura desde la salida de Alberto Fujimori en el año 2000. Sin embargo, el contexto que enfrenta Keiko Fujimori es diferente al de las décadas anteriores: el principal reto será demostrar que puede gobernar con eficacia sin debilitar la democracia ni el Estado de derecho.
Seguridad y combate al crimen organizado
La inseguridad ciudadana se encuentra entre las principales preocupaciones de la población peruana. El avance de las extorsiones, el sicariato, la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías criminales ha incrementado la presión sobre las autoridades.
Durante su campaña y su primer mensaje como presidenta, Fujimori colocó la seguridad entre las prioridades de su administración. Su estrategia contempla una participación más activa de las Fuerzas Armadas en zonas bajo estado de emergencia, reformas al sistema penitenciario y acciones contra las organizaciones criminales.
El desafío será combinar una respuesta firme con reformas institucionales, prevención social y respeto a los derechos humanos. La reducción de la violencia dependerá también de la capacidad del Estado para recuperar el control territorial y ampliar las oportunidades en las regiones más afectadas.
Reactivar la economía sin perder estabilidad fiscal
La incertidumbre política de los últimos años afectó la inversión privada, el crecimiento y la generación de empleo formal. A esta situación se suma una economía informal que continúa absorbiendo a una parte importante de la fuerza laboral.
El nuevo gobierno plantea impulsar la inversión, aumentar el salario mínimo, ampliar programas de asistencia y desarrollar proyectos de infraestructura. No obstante, deberá equilibrar el gasto social con la disciplina fiscal y una recuperación sostenida de la productividad.
En este escenario, el Banco Central de Reserva del Perú mantendrá un papel relevante para preservar la estabilidad monetaria y acompañar la recuperación económica.
Gobernar un país dividido
La estrecha diferencia electoral dejó a Perú dividido en términos políticos y sociales. Fujimori deberá gobernar para quienes respaldaron su candidatura y también para quienes votaron en su contra, en un ambiente donde persisten profundas fracturas territoriales e ideológicas.
La construcción de acuerdos será determinante para evitar una nueva etapa de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. La presidenta ha llamado a la unidad y ha ofrecido resultados rápidos, pero la gobernabilidad dependerá de su capacidad para negociar y reducir la polarización.
Modernizar el Estado y mejorar los servicios públicos
La eficacia del gobierno también estará vinculada con su capacidad para ejecutar obras, coordinarse con las autoridades regionales y fortalecer una administración pública debilitada por la inestabilidad.
Entre las prioridades planteadas se encuentran la simplificación administrativa, la reforma del servicio civil, la modernización de la infraestructura, la mejora de los servicios públicos y la reorganización de los programas sociales.
La agenda incluye además políticas para atender la pobreza, la desigualdad, la anemia y la desnutrición infantil, así como medidas de preparación frente a posibles impactos del fenómeno de El Niño.
Recuperar la confianza en las instituciones
Perú llega al nuevo periodo presidencial después de una década marcada por la confrontación entre poderes, vacancias presidenciales, la disolución del Parlamento y la destitución de Pedro Castillo tras su intento de quebrar el orden constitucional.
El regreso del fujimorismo coloca a Keiko Fujimori ante una responsabilidad adicional: demostrar que su movimiento puede contribuir a recuperar la estabilidad institucional, fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar el respeto a la democracia y los derechos humanos.
El retorno de la bicameralidad y la presencia del fujimorismo como una de las principales fuerzas del Congreso pueden facilitar la agenda oficial, aunque la falta de una mayoría propia obligará al gobierno a construir acuerdos con otras bancadas.
Una presidencia bajo el legado familiar
La administración de Keiko Fujimori estará inevitablemente vinculada con el legado de su padre, Alberto Fujimori, una de las figuras más polarizantes de la historia política reciente de Perú. El antifujimorismo continúa presente, mientras que el nuevo gobierno busca definir una identidad propia.
El desempeño de la presidenta se medirá por su capacidad para combinar crecimiento económico, inclusión social, seguridad y estabilidad política con un compromiso claro con las instituciones democráticas. El resultado de esa tarea determinará si el llamado segundo fujimorismo abre una etapa de mayor gobernabilidad o profundiza la crisis del sistema político peruano.