La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el 31 de julio de 2026 una demanda contra Kalshi en la Corte Suprema estatal de Manhattan, al acusar a la plataforma de operar como un negocio de apuestas no autorizado. La acción busca detener sus operaciones en el estado y reclamar ganancias, restituciones y sanciones.
El caso se centra en los llamados contratos de eventos, mediante los cuales los usuarios realizan operaciones sobre resultados previstos de acontecimientos deportivos, elecciones y otros hechos. Nueva York sostiene que esas operaciones están sujetas a sus leyes estatales de juego y que Kalshi no cuenta con una licencia de la Comisión Estatal de Juegos.
El estado reclama posibles sanciones millonarias
La demanda solicita que Kalshi entregue las ganancias consideradas ilegales, indemnice a consumidores afectados y pague multas relacionadas con sus operaciones. La estimación presentada por las autoridades sitúa el monto potencial de daños y costos en alrededor de 36 mil millones de dólares.
James argumenta que la plataforma puede exponer a los usuarios, incluidos menores de 21 años, a riesgos financieros y a problemas relacionados con la ludopatía. Nueva York también sostiene que los operadores sin licencia evitan las obligaciones regulatorias y fiscales aplicables a las casas de apuestas autorizadas.
Kalshi rechaza la acusación
Kalshi sostiene que es un mercado de predicción regulado a nivel federal y que los estados no tienen autoridad para cerrar una plataforma con ese carácter. La empresa calificó la demanda como una maniobra política y advirtió que una prohibición podría llevar a los usuarios de Nueva York hacia servicios fuera del país.
La disputa ocurre en medio de una confrontación más amplia entre operadores de mercados de predicción, autoridades estatales y el gobierno federal de Estados Unidos. Nueva York ha defendido que los contratos deportivos ofrecidos por estas plataformas deben someterse a las normas estatales de juego, mientras que Kalshi sostiene que están protegidos por la legislación federal sobre mercados financieros.
La demanda del 31 de julio representa una nueva etapa del conflicto legal. El resultado podría definir si los estados pueden aplicar sus propias reglas de apuestas a los contratos de eventos ofrecidos por plataformas que cuentan con autorización federal.