A quince días de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella ha comenzado a consolidar un gobierno identificado con la ultraderecha mediante nombramientos cuestionados y un giro en la política exterior hacia Estados Unidos e Israel.
Entre las designaciones que han generado críticas se encuentra la de Yoly Beatriz Illidge Pimienta, exesposa del mandatario y cofundadora de la firma de abogados que ambos crearon, como superintendente delegada de Notariado y Registro. La entidad vigila a notarios y registradores y participa en asuntos relacionados con la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria.
La incorporación de Illidge se suma a la llegada de otros perfiles cercanos al presidente a cargos estratégicos. También fueron designados funcionarios vinculados previamente con su despacho jurídico, entre ellos Diana Bravo, quien asumió la dirección de la Sociedad de Activos Especiales, encargada de administrar bienes incautados a organizaciones criminales.
Nombramientos bajo cuestionamiento
Durante las primeras dos semanas del nuevo gobierno, al menos una decena de nombramientos fue cuestionada por sectores políticos y sociales debido a posibles conflictos de interés, falta de experiencia, vínculos familiares o antecedentes públicos controvertidos.
Entre los casos señalados está el de Julián Buitrago, activista digital de extrema derecha designado al frente del Departamento Nacional de Planeación, así como el de Jaime Andrés Uribe, empresario nombrado para encabezar el fondo destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
El gobierno también designó a personas cercanas al círculo político y personal del presidente en entidades como la Unidad de Víctimas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Nueva EPS. Estas decisiones han reavivado el debate sobre la llamada puerta giratoria entre los sectores privado y público.
Giro en la política exterior
En el ámbito internacional, la administración de De la Espriella retomó las relaciones diplomáticas con Israel, suspendidas durante el gobierno de Gustavo Petro, y planteó fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, tecnología, inteligencia y comercio.
Colombia también reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por ese país, y anunció una posible reubicación de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. La decisión provocó cuestionamientos de países árabes y de sectores que consideran que esa postura se aparta de la posición diplomática tradicional de Colombia.
De manera paralela, el nuevo gobierno abrió la puerta a una cooperación militar más estrecha con Estados Unidos para enfrentar al narcoterrorismo. Sin embargo, la presencia de tropas extranjeras con funciones operativas requeriría la autorización del Congreso colombiano.
El ministro de Ambiente, Fabio Alberto Arjona Hincapié, también quedó vinculado a la nueva orientación gubernamental tras respaldar decisiones relacionadas con la explotación minera en zonas de páramo. Comunidades del nororiente del país anunciaron movilizaciones para defender el agua y la protección ambiental.
Con estas primeras decisiones, el gobierno colombiano ha definido una ruta política marcada por la concentración de cargos en personas cercanas al presidente, una agenda de seguridad de línea dura y un realineamiento diplomático con Washington e Israel.