El presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, John Roberts, permitió el viernes 21 de agosto de 2026 que continúe provisionalmente la construcción del salón de baile que Donald Trump ordenó levantar en la Casa Blanca, mientras el máximo tribunal revisa una solicitud de emergencia presentada por el gobierno.
La obra, cuyo costo estimado asciende a 400 millones de dólares, había sido frenada por decisiones de tribunales inferiores debido a que la administración no obtuvo la aprobación del Congreso para modificar el complejo presidencial y avanzar con el proyecto.
La orden mantiene abierta la disputa legal
La determinación de Roberts tiene carácter temporal y permanecerá vigente hasta que la Suprema Corte emita una nueva orden o resuelva los argumentos de fondo. El documento no detalló las razones de la decisión ni estableció cuándo se pronunciará nuevamente el tribunal.
El litigio comenzó después de que la administración de Trump demoliera parte del Ala Este de la Casa Blanca para construir el nuevo espacio. Una organización dedicada a la preservación histórica cuestionó el procedimiento y sostuvo que el proyecto requería revisiones oficiales y autorización del Congreso.
Tribunales federales habían concluido previamente que el Congreso tiene control constitucional sobre las propiedades federales y el financiamiento de su mantenimiento y desarrollo. Esas resoluciones llevaron a ordenar la suspensión de las obras sobre el nivel del suelo.
La Casa Blanca ha defendido el proyecto como una instalación para recibir a grandes grupos de invitados y ha señalado que su financiamiento principal proviene de aportaciones privadas. Sin embargo, también se han señalado recursos públicos destinados a componentes de seguridad relacionados con la obra.
Mientras la Suprema Corte analiza el caso, los trabajos podrán continuar de forma provisional. La decisión definitiva determinará si el gobierno puede avanzar sin una autorización específica del Congreso.