Israel comenzó la construcción de un complejo destinado a ejecutar en la horca a palestinos condenados por asesinato en tribunales militares, informó el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, mediante imágenes difundidas el 19 de agosto de 2026. La instalación incluye un patíbulo y una cabina de observación para familiares de víctimas, aunque no se ha informado su ubicación exacta.
El proyecto está vinculado con la ley de pena de muerte para determinados delitos de terrorismo, aprobada por la Knesset, el Parlamento israelí, en marzo de 2026 por 62 votos contra 48. La legislación establece la posibilidad de imponer la pena capital a palestinos condenados por ataques mortales cuyo objetivo sea, según el texto legal, atentar contra la existencia del Estado de Israel.
La medida se aplicaría a personas juzgadas en tribunales militares y no contempla el mismo procedimiento para ciudadanos israelíes condenados por delitos equivalentes. El contraste ha generado críticas por el carácter diferenciado de la norma y por sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional.
Ben-Gvir presentó la construcción como el cumplimiento de una promesa política para endurecer las condiciones de los presos palestinos y establecer la pena de muerte para quienes sean considerados terroristas. En las imágenes aparece una estructura en construcción bajo una carpa, con el espacio destinado al corredor de la muerte y al área de ejecución.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, condenó públicamente el proyecto y cuestionó que la instalación esté concebida exclusivamente para palestinos. La discusión se suma a las denuncias internacionales sobre el trato a los presos palestinos y la expansión de medidas diferenciadas en los territorios ocupados.
En paralelo, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Países Bajos y Noruega exigieron al gobierno israelí detener los planes de expansión de asentamientos en Cisjordania, incluido el proyecto E1, al este de Jerusalén. Los siete países calificaron como inaceptable la publicación de licitaciones para ese proyecto y señalaron que los asentamientos israelíes en territorio cisjordano contravienen el derecho internacional.