Especialistas en educación cuestionaron la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen de control a aspirantes que ya fueron evaluados en el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027/1, al considerar que la medida puede trasladar a los jóvenes la responsabilidad de fallas institucionales.
La prueba presencial está dirigida a quienes obtuvieron un lugar y a quienes alcanzaron puntajes que, con base en los cortes de años anteriores, les habrían permitido ingresar. La medida fue recomendada después de que la distribución de resultados del examen en línea mostrara un aumento inusual de calificaciones sobresalientes.
Hugo Aboites, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que no tiene sentido someter nuevamente a evaluación a todas las personas consideradas sospechosas y a quienes lograron puntajes altos sin ser admitidas. A su juicio, el procedimiento rompe con la expectativa de que el ingreso se determine a partir de una evaluación ya presentada.
Marcos Fuentes Franco, especialista en temas educativos, señaló que la universidad debe asumir la responsabilidad por la forma en que se aplicó el examen. Explicó que en el área de químico-biológicas se utilizó la misma versión de la prueba en cuatro horarios, lo que habría facilitado la circulación de preguntas y respuestas en redes sociales.
Los datos revisados por la comisión técnica muestran que la proporción de aspirantes con más de 100 aciertos pasó de alrededor de 3.5 por ciento en los cinco años previos a 16.3 por ciento en 2026. En el caso de quienes obtuvieron más de 110 respuestas correctas, el porcentaje aumentó de 0.9 a 5.5 por ciento.
La UNAM suspendió provisionalmente los trámites de entrega documental e inscripción desde el 27 de julio, mientras la comisión convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas revisaba el concurso. La institución ha sostenido que busca preservar la certeza, la igualdad de condiciones y la integridad académica del proceso.
La aplicación del examen de control se suma a la incertidumbre de miles de aspirantes y sus familias. El debate se concentra ahora en cómo corregir los resultados atípicos sin castigar por igual a quienes pudieron haber cometido irregularidades y a quienes realizaron la prueba conforme a las reglas.