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Chihuahua pide mayor presencia federal ante desplazamiento por violencia en Guadalupe y Calvo

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El gobierno de Chihuahua solicitó al Gobierno de México mayor presencia de las fuerzas federales en Guadalupe y Calvo para enfrentar a los grupos del crimen organizado, cuya disputa territorial ha provocado el desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara.

La petición fue planteada por Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, ante la magnitud de la crisis de seguridad y sus efectos sobre las comunidades serranas.

Proponen reforzar la coordinación institucional

Entre las medidas propuestas está incorporar el desplazamiento forzado interno como un tema permanente en las mesas de construcción de la paz e integrarlo a la agenda del gabinete de bienestar. También se planteó fortalecer la estrategia federal de seguridad en los municipios serranos.

El planteamiento incluye atender las causas de la violencia, desarticular estructuras criminales y detener a objetivos prioritarios. Además, se pidió restablecer servicios federales en las comunidades afectadas, especialmente salud, energía eléctrica, abasto e inspección forestal.

Familias han abandonado comunidades de la sierra

La violencia reciente en Guadalupe y Calvo ha afectado a comunidades como Cinco Llagas, El Ocote y El Manzano. Familias de esas zonas se han trasladado a Baborigame, Hidalgo del Parral y la ciudad de Chihuahua, mientras las autoridades mantienen apoyos humanitarios y operativos de seguridad.

A finales de junio se registraron enfrentamientos armados, bloqueos de caminos y ataques con explosivos en Cinco Llagas y poblaciones cercanas. El desplazamiento continuó durante julio, aunque algunas personas regresaron a sus comunidades después del despliegue de corporaciones de seguridad.

El gobierno estatal informó que ha asumido acciones presupuestales, operativas y humanitarias para atender a las personas desplazadas. Sin embargo, sostuvo que el combate al crimen organizado corresponde constitucionalmente al Gobierno federal y requiere una intervención coordinada de los tres niveles de gobierno.