Carlos Alberto Puente Salas, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, defendió los lineamientos impulsados por el gobierno federal para proteger los derechos de las audiencias y rechazó que representen un mecanismo de censura.
El legislador sostuvo que la propuesta busca equilibrar la relación entre los medios de comunicación y la ciudadanía mediante mecanismos que permitan a las personas expresar inconformidades, solicitar aclaraciones y responder cuando una información publicada pueda causarles daño.
Puente explicó que el proyecto contempla la participación de los propios medios, incluidos canales de recepción y defensorías de audiencias, con base en códigos de ética y procesos de autorregulación. A su juicio, estas herramientas permitirían corregir errores o contenidos difundidos fuera de contexto sin impedir que sean publicados.
Una propuesta aún sujeta a discusión
El coordinador del PVEM afirmó que los lineamientos todavía se encuentran en una etapa de análisis y discusión, por lo que pueden modificarse a partir de las observaciones de ciudadanos, medios, especialistas y organizaciones participantes.
La consulta pública sobre el anteproyecto se realizó entre el 27 de julio y el 21 de agosto de 2026. El debate se concentró en la manera de proteger el derecho de las audiencias sin otorgar al Estado facultades que puedan afectar la libertad de expresión.
Puente consideró que el objetivo debe ser construir un instrumento útil para la ciudadanía y evitar que la regulación se convierta en una disposición sin aplicación práctica. También señaló que el gobierno debe mantener apertura para incorporar cambios derivados de los foros públicos.
Rechaza regular las conferencias matutinas
Respecto a la propuesta de regular las conferencias matutinas presidenciales, el legislador se pronunció en contra y sostuvo que, si se establecen reglas para ese tipo de ejercicios, tendrían que aplicarse de manera general a todas las conferencias de prensa.
Afirmó que las conferencias son espacios de información y rendición de cuentas, por lo que imponerles una regulación específica podría afectar la libertad de expresión. En su opinión, cualquier criterio tendría que aplicarse de forma equilibrada y sin distinguir entre autoridades, partidos u organizaciones.
El diputado ejemplificó que una persona podría resultar afectada si una publicación la confunde con alguien más o la vincula erróneamente con una responsabilidad penal. En esos casos, dijo, debe existir una vía para solicitar una corrección y proteger sus derechos.
El debate continuará después del cierre de la consulta pública, mientras se revisan los ajustes que permitan definir el alcance de los lineamientos y la operación de las defensorías de audiencias.